Un mejor sistema de residencia fiscal es compatible con una eficaz prevención de lavado de activos

El nuevo gobierno uruguayo tiene como prioridad la lucha contra la delincuencia y esto no puede lograrse sin continuar y profundizar las políticas de estado en prevención de lavado de activos.

Sin embargo, nuevamente se agitan las dudas desde la vecina orilla, como en febrero del año 2007 cuando Uruguay reaccionaba con sorpresa e indignación ante una grave denuncia que la Argentina había planteado en su contra ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la supuesta falta de cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales: “Se ordenó responder inmediatamente con un comunicado porque [el presidente] Tabaré [Vázquez] no tolera que se acuse a Uruguay de favorecer el lavado de dinero, cuando [el gobierno de Néstor] Kirchner sabe que no es así”, informaba LA NACION citando a un funcionario de la administración uruguaya. En aquel entonces el prosecretario de la presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), Leonardo Costa, llamó a varios medios de prensa para refutar la denuncia argentina y expuso su malestar personal por el caso: “No es la primera vez que la Argentina acusa a Uruguay de algo que ellos mismos no cumplen, por lo cual creo que la acusación es meramente política”, dijo Costa.

Rescatar estereotipos siempre será un recurso en política, y fue eso lo que volvió a hacer el presidente argentino con su consejo de “pensálo dos veces” frente a la posibilidad de que Uruguay revise su normativa de residencia fiscal. La oportunidad fue rápidamente aprovechada por políticos del gobierno saliente y por militantes de a pie que continúan usando el boca a boca como aporte sistemático a su partido.

Sin embargo, los hechos muestran que no hay fundamento alguno para dudar del compromiso de próximo gobierno con la Prevención de Lavado de Activos.

Por eso es importante escuchar voces menos politizadas que vienen desde la otra orilla como la delDr. DR. CÉSAR LITVIN es el C.E.O. Lisicki Litvin y Asociados, un prestigioso estudio argentino con más de 32 años de experiencia y presencia en más de 108 países.

En una entrevista publicada en el diario El País de Montevideo el experto argentino brinda una opinión sumamente valiosa para analizar el el proyecto del presidente electo Luis Lacalle Pou respecto a atraer capitales de distintas partes del mundo, incluyendo Argentina, mediante la disminución de obstáculos para acceder a la residencia fiscal uruguaya.

Presentamos un fragmento de la entrevista.

—¿Cómo está observando usted la intención de ciudadanos argentinos con patrimonio importante, que evalúan radicarse fuera del país, o radicar sus inversiones en el exterior?

— Efectivamente eso está ocurriendo y las razones son claras. La reforma tributaria dispuesta por el nuevo gobierno producirá un impacto muy fuerte en los bolsillos de la clase media y alta, siendo el impuesto sobre los Bienes Personales el más contundente en ese sentido. En dicho impuesto se gravan los activos en el exterior a una alícuota progresiva que al superar los U$S 300.000 aplica un impuesto del 2,25% sobre dichos activos sin posibilidades de descontar los pasivos.

Basta imaginarse a alguien que tenga 10 millones de dólares; el impuesto a los bienes personales representa 225 mil dólares anuales, más el impuesto a las ganancias. Generalmente, en todos lados los impuestos patrimoniales recaudan poco y lo que está pasando ahora es una reacción a lo dispuesto por el nuevo gobierno. Cuando este impuesto lo puso Francois Hollande en Francia, como impuesto a las altas fortunas, con un mínimo no imponible de 1.300.000 euros, salieron de Francia muchos millonarios, caso Alain Delon o Gerard Depardieu, que por su fama tuvieron gran repercusión. La respuesta es simple: no están dispuestos a regalar su fortuna. No se puede cuantificar lo que se esté decidiendo por estas horas por parte de argentinos con patrimonios importantes, lo cierto es que hay muchas más ganas que posibilidades.

—Y Uruguay es considerado una de las opciones para la radicación…

— Lo es. Uruguay es la principal opción por su sistema tributario que utiliza el criterio de territorialidad. En este contexto de impuestos “desbordantes” junto con cercanía y afinidades culturales es uno de los lugares más elegidos por los argentinos que quieran cambiar la radicación.

—Cuando se habla de “condiciones favorables” para la inversión y radicación en Uruguay, como ha hecho el presidente electo, ¿cuáles son las condiciones que podrían pesar en una decisión de ese tipo específicamente para los argentinos con mayor patrimonio?

— Los contribuyentes que intentan perder la residencia tributaria buscan países con seguridades jurídicas que traten con cariño impositivo a los capitales. Los capitales son mimosos, van adonde mejor los tratan. Y eso ocurre donde hay seguridad jurídica y bajos impuestos.

—Entre las medidas esbozadas, se hace referencia a un menor monto patrimonial exigido para la residencia fiscal, y modificaciones bancocentralistas para aliviar la exigencias al movimiento de capitales. ¿Son aspectos importantes?

— Un aspecto importante podría ser que Uruguay flexibilice los requisitos de permanencia y de inversión mínima de capitales para conceder la residencia fiscal y legal en dicho país. Es importante reducir las exigencias del monto mínimo de inversión patrimonial a los efectos que contribuyentes de mediana capacidad económica puedan también instalarse en dicho país.

—Antes se refirió a más intenciones que posibilidad de concretarlas. ¿La limitante es el cambio de residencia?

— Correcto, porque más que se flexibilice en Uruguay como va a ocurrir, la salida de la jaula de Argentina, no es nada fácil. El que trabaja en Argentina, que tiene una determinada vida social, o vive en el país con chicos menores en edad escolar, no puede efectivizar su salida tan sencillo. En Argentina se considera como “centro de intereses vitales y económicos” a los efectos de su residencia, tanto los personales como los familiares, más allá del tiempo exigido de no estar en el país más allá de 90 días al año. Para dejar de ser contribuyente argentino hay que cumplir una serie de estrictos requisitos, de esa forma todos los patrimonios fuera de la Argentina quedarán fuera del radar del fisco argentino.

—El beneficio, en caso de lograrse, es para los argentinos que ya tienen buena parte de su patrimonio en el exterior…

—Un contribuyente argentino que se va a vivir a Uruguay, es residente tributario uruguayo y le dieron de baja en el fisco argentino, va a pagar en Argentina, sobre los bienes personales o ganancias que tenga en el país a través de un responsable sustituto, pero queda fuera de la gravabilidad todo lo que tenga fuera de Argentina.

 (…) La historia de Argentina está muy fresca para quienes han vivido en otras etapas situaciones muy complejas, donde los gobiernos se les han quedado con parte de su patrimonio. Eso también pesa.

—Una de las advertencias que surgió de inmediato fue la de estar “invitando” a evasores para que vengan a Uruguay…

— Es un concepto totalmente erróneo. Estamos hablando de “plata blanca”. Son recursos que desde el punto de vista fiscal nada puede decirse, son “agua bendita”, para que quede más claro..

—¿Este movimiento puede afectar de alguna manera a Uruguay, teniendo en cuenta los avances alcanzados en materia de transparencia y normas antilavado?

— De ninguna manera. Uruguay es transparente y no dejará de serlo. Tiene vigente el intercambio de información con Argentina. Desde el punto de vista profesional he participado en procesos que solicitud de información y doy fe que Uruguay respondió con prontitud todo lo demandado. Si hay sospecha de dinero “sucio” se reporta inmediatamente. Ese concepto que utilizó especialmente el ex presidente José Mujica sobre la “calidad” de los capitales que podrían ir a Uruguay está totalmente alejado de la realidad. Es gente que tiene dinero producto de su trabajo, que lo ha ganado en buena ley y no quiere tirarlo a la basura, porque además, no confían en el destino que se le da a ese dinero recaudado. De nuevo, los antecedentes juegan en contra.

Y algo más: los contribuyentes que se quieren ir de Argentina son los que pagan y no quieren soportar la gran carga fiscal; a los evasores el impuesto no los afecta porque no los pagan, por tanto, no necesitan irse.

(…) —¿Qué característica tendrían los potenciales interesados en radicarse en el país?

—Generalmente son familias con una gran parte de su patrimonio en centros financieros importantes como Estados Unidos o Suiza pero que sus actividades personales pueden ser realizadas en cualquier parte del mundo entre los cuales Uruguay seduce por su cercanía, su orden, su cultura, etc.

Algunos de los que se radiquen puede que “hagan la plancha” con su capital, pero generalmente el argentino es bastante inquieto. Habrá inversiones en campos o en proyectos inmobiliarios. También en otras actividades donde vislumbren que hay posibilidades de buenos negocios.

Pero además, que se establezcan en el país genera un efecto multiplicador en el consumo, demandan bienes y servicios y eso genera inversión para satisfacer esa demanda de consumo.

Sin dudas que los cambios que eventualmente se hagan en la normativa de residencia fiscal deberán ser objeto de análisis dentro de la estrategia nacional antilavado, tanto por parte de las autoridades como de los sujetos obligados que integran el sistema. Son desafíos de los tiempos actuales para los que el sistema uruguayo de prevención de lavado de activos está preparado, como lo estuvo para otras situaciones complejas enfrentadas en los últimos años.

Uruguay, consciente de su tamaño y presencia internacional ha venido operando desde el comienzo de este milenio con políticas de estado en materia de prevención, que le ha permitido salir airoso más allá de las acusaciones de su poderoso vecino. No existe ninguna noticia que haga pensar un apartamiento de esta tradición. El país puede y debe avanzar en forma conjunta hacia un mejor sistema de residencia fiscal con un más eficaz ambiente de Prevención de Lavado de Activos.

Fuentes: